Resumen: Hostelera autónoma que causó baja en el RETA el 30/06/20 impugna la resolución administrativa denegatoria de la prestación por cese de actividad. La instancia desestima la demanda. La sentencia comentada acepta parcialmente una revisión fáctica y confirma la decisión del Juzgado, basándose en que el cierre del negocio no respondió a fuerza mayor derivada del COVID, sino a la decisión voluntaria de la solicitante, por considerar que el negocio era inviable, a pesar de que el rendimiento económico del ejercicio fue positivo, y tampoco solicitó la prórroga de la prestación extraordinaria que le abonó la Mutua entre el 14/03 y el 30/06/20.
Resumen: Se declara que el proceso de incapacidad temporal de la demandante, que presta servicios en un Centro de Salud, deriva de enfermedad profesional porque se originó por su contagio con coronavirus. Se aplica el artículo 6 de Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, que señala que el contagio de este personal determina las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional. Ello lleva consigo que se desestime el recurso que solicitaba que la contingencia sea derivada de accidente de trabajo.
Resumen: La sentencia de apelación revoca la sentencia de instancia y desestima la demanda en reclamación por la entidad actora del crédito del que era cesionaria ,derivado del de contrato de préstamo concertado por la parte demandada. Argumenta la Sala en síntesis que no existe vulneración de lo establecido sobre aportación de documentos en el el articulo 270 y concordantes de la LEC ya que es el propio apelante, deudor en el juicio monitorio y demandado en el posterior juicio verbal, quien introduce en el proceso la excepción de prescripción frente a la reclamación formulada contra él, de modo que la demandante no tiene otro momento procesal para rebatir dicha excepción que aprovechar el trámite conferido legalmente para presentar escrito de impugnación a la oposición, adjuntando al efecto la documentación que entienda conveniente como justificativa de su oposición Procede la estimación de la excepción de prescripción de la acción ejercitada y la desestimación de la demanda, toda vez que consta en la solicitud del contrato de préstamo del que dimana la presente reclamación, aportado por la demandante con su escrito de petición de monitorio, cual era domicilio del demandado por lo que no cabe apreciar el efecto interruptor de la prescripción a dicha petición monitoria ya que la demandante conocía de antemano al presentar la misma que la incompetencia territorial, era patente y manifiesta.
Resumen: En un procedimiento para la protección del titular de un derecho real inscrito, la Audiencia comienza recordando los requisitos para el triunfo de esa pretensión. La primera de ellas es la titularidad registral del demandado. Que existía a la fecha de presentación de la demanda y que, por tanto, se perpetúa como consecuencia de la perpetuatio iurisdictionis. Respecto a la suspensión del procedimiento por vulnerabilidad del ocupante, en el momento de iniciarse el procedimiento únicamente estaba prevista para los desahucios por falta de pago y expiración del plazo. La nueva ley 12/2023 no introduce ninguna norma temporal que afecte a este procedimiento incoado antes de su entrada en vigor. Lo que sí contempla es la suspensión de los lanzamientos como consecuencia de la legislación COVID para desahucios por falta de pago, expiración del plazo y precarios. Pero no se refiere a la suspensión del procedimiento. En cuanto a la oferta de un alquiler social por parte de grandes tenedores, se consideró que no constituía requisito de procedibilidad para admitir la demanda.
